África y los golpes de Estado: del colapso democrático a la dictadura militar
Desde 2020, el continente africano ha experimentado transformaciones políticas de gran calado. En un periodo de apenas cinco años se han registrado al menos nueve golpes de Estado. Ante este panorama, cabe plantearse si estamos ante una ola coyuntural de rupturas institucionales en África o frente a la progresiva normalización del poder militar como forma de gobierno de cara a 2026.
Más que una ola transitoria, los golpes de Estado registrados desde 2020 apuntan a un proceso de normalización del poder militar, impulsado por el profundo desgaste de los regímenes civiles. En muchos países, los golpes no se producen contra democracias consolidadas, sino frente a gobiernos percibidos como corruptos, ineficaces o capturados por élites desconectadas de la población.
Esta percepción ha permitido que las juntas militares se presenten no como rupturas del orden político, sino como mecanismos de “corrección”, especialmente en contextos marcados por la inseguridad, la crisis económica y el abandono estatal. Cuando el golpe deja de ser excepcional y pasa a resultar comprensible —e incluso tolerado— por amplios sectores de la población, deja de ser coyuntural.
De cara a 2026, el riesgo no es una militarización total del continente, sino la consolidación de un modelo híbrido, en el que el poder militar se institucionaliza bajo promesas de transición permanente. La respuesta internacional, fragmentada y a menudo pragmática, ha contribuido a esta dinámica al priorizar la estabilidad inmediata sobre la reconstrucción de la legitimidad democrática.
En este contexto, las administraciones civiles que no tengan como objetivo reforzar la capacidad, la credibilidad y los resultados de sus gobiernos dan paso a que el golpe de Estado se consolide como una opción políticamente tolerable.
La ausencia de Occidente en Africa
En principio, países como Francia han procurado reforzar los lazos políticos con las naciones que estuvieron bajo su tutela a lo largo del siglo XX mediante ofertas de cooperación diplomática y militar. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado en gran medida infructuosos, ya que desde hace varios años se ha promovido una doctrina de desvinculación de la influencia europea con el objetivo de rearmar una identidad regional más fuerte, aunque ello implique, en la práctica, un simple cambio de “patrocinador”, sustituyendo la ayuda europea y estadounidense por otra procedente de Eurasia.
La nueva administración de Donald Trump, en cambio, ha impulsado una perspectiva distinta en su política exterior a escala global, asignando mayores responsabilidades en materia de seguridad a los gobiernos regionales de África. Este enfoque busca descentralizar la gestión de la seguridad, reforzar las capacidades locales y reducir la dependencia de actores externos.
Una de las últimas acciones emprendidas por Washington para intentar contener un conflicto en el continente ha sido su participación en las negociaciones de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda. No obstante, los resultados hasta el momento se encuentran rodeados de acusaciones mutuas de violaciones del acuerdo, avances territoriales del M23 en suelo congoleño y pronósticos desfavorables sobre la evolución futura del conflicto.
Por otro lado, las crecientes investigaciones sobre compañías de seguridad privada que actúan como intermediarias en la captación de mercenarios ponen de manifiesto los esfuerzos, aún limitados, que comienzan a realizarse para reducir la presencia de combatientes contratados en territorio africano, un factor que, sin lugar a dudas, ha facilitado la prolongación de muchos de los conflictos de la región.
¿Qué podemos esperar este 2026?
La volatilidad y la escasa estabilidad de los gobiernos del Sahel, junto con el aumento de los grupos yihadistas, apuntan a que la violencia puede mantenerse elevada e incluso agravarse en zonas fronterizas más al sur y a lo largo de África occidental, pudiendo convertirse en un espacio geográfico donde los conflictos armados, los golpes de Estado y las crisis económicas se extiendan más allá de las fronteras nacionales.
Además, la conflictividad religiosa ha adquirido un mayor protagonismo en países como Nigeria, Camerún y la República Democrática del Congo, donde la persecución de comunidades cristianas y el terrorismo podrían conducir, según declaraciones del cardenal Fridolin Ambongo, a que parte de la población cristiana adopte posiciones más radicales, tensando la convivencia con comunidades musulmanas que también se ven afectadas por estos conflictos.
Es posible que en 2026 se registre una profundización de las crisis humanitarias originadas como consecuencia de los conflictos armados. Este escenario se vería impulsado, en gran medida, por la reducción de las ayudas internacionales dirigidas al continente, canalizadas a través de programas humanitarios encabezados principalmente por Estados Unidos, según informó el medio African Initiative citando declaraciones de responsables de la Cruz Roja Internacional correspondientes al último trimestre de 2025.
Afrontar estos desafíos requerirá no solo una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional, sino también estrategias de prevención y fortalecimiento institucional orientadas a consolidar Estados más robustos y estables. África se perfila así como un eje desde el que podrían irradiar nuevos grupos yihadistas, junto con crisis humanitarias en expansión y regímenes militares emergentes.
Los conflictos persistentes, la debilidad institucional y la ausencia de soluciones coordinadas prolongan ciclos de violencia y exclusión, afectando a millones de personas y generando riesgos significativos para la estabilidad regional y global.