Israel ante la Corte Penal Internacional: ENCRUCIJADA

Israel ante la Corte Penal Internacional: CONTEXTO

Israel ante la Corte Penal Internacional: JUICIO

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el 21 de noviembre de 2023 dos órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el Exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su presunta involucración en la comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el conflicto de Gaza. 

Esta decisión histórica representa la primera vez que líderes de un estado democrático y alineado con Occidente son acusados por la CPI de crímenes de tal magnitud. La Fiscalía de la Corte centró sus acusaciones en la obstrucción deliberada, por parte de Israel, de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, privando a la población civil de recursos esenciales como alimentos, agua y medicinas. La acusación defendió que esta acción deliberada sería constitutiva de un Crimen contra la Humanidad. 

Tras analizar las pruebas y los cargos, la Corte dictaminó que había elementos suficientes como para probar, más allá de duda razonable, la participación de los dos altos cargos israelíes en dichos crímenes y procedió a emitir órdenes de arresto para juzgarlos en la Haya. Fruto de esta decisión, Netanyahu y Gallant enfrentan actualmente la posibilidad de ser detenidos y extraditados si visitan alguno de los 124 países signatarios del Estatuto de Roma.

En respuesta a este desarrollo, Israel rechazó enérgicamente las acusaciones y la orden de arresto, calificándolas de “antisemitas” y describiendo la Corte Penal Internacional como un organismo sesgado y bajo el control político de actores contrarios al Estado de Israel. En un comunicado, Netanyahu aseguró que continuaría defendiendo a Israel frente a cualquier presión internacional y describió la decisión del tribunal como “absurda”.

Posición jurídica de los acusados

Hasta la fecha, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant han sido acusados de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, pero no han sido declarados culpables, es decir, no existe una sentencia condenatoria contra ellos y este escenario no cambiará hasta que comparezcan ante la Corte Penal. 

El Estatuto de Roma diseña un proceso judicial garantista con los derechos de los acusados, equiparable al de cualquier Estado de Derecho consolidado. Se presume la inocencia de toda persona acusada ante la Corte hasta que el fiscal pruebe lo contrario (artículo 66) y los acusados tienen derecho a un juicio público, justo e imparcial en el que pueden personarse para defender su inocencia (artículo 63). 

Esta última disposición implica que, en la práctica, ninguna persona puede ser condenada por la CPI a menos que se presente voluntariamente o sea extraditada. El juicio in absentia (sin la comparecencia del acusado) no ha sido utilizado anteriormente para condenar a ninguna persona ni está recogido en el Estatuto. Por ello, se establece un cuello de botella en la necesidad de que la Corte logre que los acusados se personen físicamente en la Haya para poder comenzar el procedimiento judicial. 

En la mayoría de los casos, los acusados deciden no cooperar con el Tribunal y no comparecer. En esta situación, la única herramienta a disposición de la Corte Penal es la emisión de órdenes de arresto para aprehender y trasladar por la fuerza a los imputados a la Haya. Del cumplimiento o no de estas órdenes de arresto depende el futuro del caso contra Netanyahu y Gallant.

Desafíos en la ejecución de las órdenes de arresto

La Corte Penal enfrenta serios desafíos para lograr el arresto y la entrega de los acusados, debido principalmente a que carece de un mecanismo propio de ejecución, por lo que depende totalmente de la buena fe de los Estados y de que estos decidan cooperar.

La cooperación de los Estados es esencial no solo para ejecutar los propios arrestos ordenados por la Corte Penal, sino también para las etapas previas, como la localización y planificación de las operaciones. Estos pasos previos son clave para localizar a los objetivos e incluyen el rastreo de sospechosos mediante información proporcionada por las autoridades nacionales, la emisión de alertas internacionales y la coordinación logística que permita materializar el arresto.

Una vez arrestado el acusado, resulta crucial garantizar el transporte seguro y confidencial de los sospechosos hasta la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos. La ejecución del arresto requiere de una compleja coordinación internacional, que demanda el despliegue de recursos y la colaboración activa de varios países. Este hecho convierte la ejecución de un arresto emitido por la Corte en un proceso con altas posibilidades de fracaso, ya que si alguno de los Estados involucrados en diferentes puntos del proceso decide, de forma activa o pasiva, obstaculizar la acción, el arresto se verá frustrado.

Estrategia de ejecución de la CPI

La estrategia de la CPI para abordar el problema de la falta de mecanismos propios de ejecución de arrestos y la sobre dependencia en la colaboración de los países se centra en buscar la cooperación de los órganos de las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, para persuadir a los Estados de ejecutar las órdenes de arresto.

Este enfoque incluye la presentación del informe anual al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, reportando el estado de las órdenes de arresto pendientes y exponiendo los casos de incumplimiento por parte de los Estados. Cuando un país no cumple con la solicitud de cooperación, la CPI, a través de su Registro o la Oficina del Fiscal, puede remitir el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU, buscando que este organismo ejerza presión diplomática o política. 

Aunque la Corte puede desplegar numerosos esfuerzos de variable eficacia para que se produzcan los arrestos, estos esfuerzos tienen la característica común de ser iniciativas diplomáticas no respaldadas por ningún mecanismo coercitivo, como las sanciones, en caso de incumplimiento. Según el Estatuto de Roma, los Estados Parte tienen la obligación de cooperar plenamente con la CPI (artículo 86) y garantizar que sus legislaciones nacionales cuenten con procedimientos para ejecutar las solicitudes de cooperación del tribunal (artículo 88). 

Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones enfrenta serias limitaciones. Si bien el incumplimiento de un Estado Parte constituye en teoría una violación del derecho internacional, las repercusiones suelen limitarse a presiones diplomáticas, ya sea de otros Estados o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el caso concreto de Israel, la influencia de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad como miembro permanente cierra esta vía. Con un historial probado de vetar resoluciones contrarias a los intereses de Israel, incluidas cuatro votaciones recientes sobre el alto el fuego en Gaza desde el comienzo de la intervención, es poco probable que el Consejo de Seguridad adopte medidas efectivas contra la falta de cooperación de los Estados Parte en este caso.

En última instancia, la decisión de que Netanyahu y Gallant acaben en la Haya depende de la voluntad individual de cada una de las capitales del planeta, ya que la capacidad de la CPI para ejecutar las órdenes de arresto depende única y exclusivamente de la cooperación de los Estados. 

Posiciones internacionales

Las órdenes de arresto han generado reacciones diversas entre los países occidentales, que han expresado diferentes posiciones respecto a su ejecución, evidenciando fracturas no solo dentro de la alianza transatlántica, sino también en el seno de la Unión Europea.

El entonces Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó que las órdenes de la Corte Penal Internacional son vinculantes y deben ejecutarse, declarando que ninguna persona ni país se encuentra por encima de la ley. Aun así, la propia UE también carece de medidas de ejecución propias y son, en última instancia, los Estados Miembros los que tienen el poder de llevar a cabo los arrestos. 

Dentro del bloque comunitario solo un grupo limitado de países -Bélgica, los Países Bajos, Irlanda, Lituania, Eslovenia y España- han hecho expresa su disposición a cumplir con las órdenes de arresto. Austria, Suecia, Dinamarca y Estonia han apoyado el trabajo de la Corte y recalcado su importancia para el sistema internacional basado en leyes, pero no han confirmado su disposición a arrestar a Netanyahu y Gallant.  Austria, aliado de Israel y con quien mantiene una relación diplomática especial, fue un paso más allá y, aunque admitió que estaría obligada a cumplir la orden, la calificó como "incomprensible".

Alemania e Italia han adoptado una posición ambigua. Italia destacó la imposibilidad de detener a Netanyahu mientras ocupe el cargo de Primer Ministro. Alemania, por su parte, manifestó su compromiso con el derecho internacional, pero mostró señales de división interna sobre la viabilidad de realizar un arresto en su territorio derivado de la relación especial que mantienen ambos países desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hungría se ha posicionado como el único país de la UE que abiertamente ha desafiado las órdenes de la CPI, haciendo pública su intención de no arrestar a los dirigentes israelíes e invitando a Netanyahu a viajar a Budapest en visita diplomática.

Seguramente la posición más influyente y difícil de predecir en el continente sea la del Elíseo. El gobierno francés, que ha declarado en múltiples ocasiones su apoyo a la Corte Penal Internacional y originalmente se mostró propicio a cumplir con las órdenes de arresto, ha cambiado numerosas veces de posición en lo que a este asunto se refiere. Francia indicó antes del alto al fuego entre Israel y Hezbollah que podría aplazar el cumplimiento de las órdenes de arresto y continuar cooperando con las autoridades israelíes en pro de alcanzar la paz en Oriente Medio. 

Posteriormente, se produjo una reunión entre Netanyahu y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Jerusalén, e Israel se mostró más abierta a considerar la involucración de Francia en el alto al fuego en Líbano. Francia ampara su cambio de posición respecto a las órdenes de arresto en el Artículo 98 del Estatuto de Roma, que establece que un Estado no puede actuar en contradicción con sus obligaciones de inmunidad diplomática, no pudiendo arrestar a Netanyahu mientras siga siendo Primer Ministro de Israel. 

Estados Unidos, que no forma parte del Estatuto de Roma y ha firmado acuerdos con cerca de 100 países para evitar el arresto de ciudadanos estadounidenses que pudiesen ser condenados por la Corte Penal Internacional, criticó enérgicamente las órdenes de arresto emitidas contra los líderes israelíes. El Consejo de Seguridad Nacional calificó como apresurada la decisión del fiscal de buscar estas órdenes y señaló "graves errores de procedimiento" en el proceso que llevó a emitirlas. 

Además, la CPI podría convertirse en blanco de medidas punitivas por parte de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó este año un proyecto de ley para sancionar al tribunal, con amenazas de restricciones financieras y de visados a jueces y funcionarios vinculados al organismo. Aunque el Senado aún no ha abordado la propuesta, el líder de la mayoría republicana, John Thune, advirtió que la aprobación de estas sanciones será una prioridad en el nuevo Congreso si la Corte Penal no revierte su decisión sobre los líderes israelíes. 

Cabe recordar que, durante su primer mandato, el expresidente Donald Trump ya impuso sanciones a los fiscales del CPI debido a sus investigaciones sobre líderes israelíes y supuestos Crímenes de Guerra estadounidenses en Afganistán. Con la llegada de una nueva administración Trump, sería lógico prever una postura igual o más hostil por parte de Estados Unidos hacia la Corte y el incumplimiento abierto de cualquier orden de arresto. 

Desafío existencial de la Corte Penal Internacional

Más allá de la eficacia de sus órdenes de arresto en el presente caso, la Corte Penal Internacional enfrenta un desafío fundamental: la consolidación de su legitimidad en la escena internacional. 

Durante años, el Sur Global ha señalado que la mayoría de los casos presentados ante la Corte se centran en crímenes cometidos en África y Asia, lo que ha alimentado una percepción de parcialidad y sesgo. Este argumento, que acusa a la CPI de actuar en beneficio de los intereses occidentales al perseguir a sus enemigos y proteger a sus aliados, ha sido utilizado por países como Rusia y China para justificar su negativa a ratificar el Estatuto de Roma, desacatar sus sentencias y evadir la cooperación en la detención de fugitivos, mientras encubren sus propios crímenes. La percepción de una CPI sesgada desincentiva la adhesión al Estatuto de Roma y reduce la colaboración con la institución, debilitando los esfuerzos globales para perseguir Crímenes de Lesa Humanidad y garantizar la rendición de cuentas de los culpables.

En el caso del conflicto reciente entre Israel y Hamas, aunque el alto el fuego alcanzado hace unos días haya detenido los bombardeos sobre la Franja de Gaza, el sufrimiento de los civiles permanece en la memoria de gran parte del mundo, que seguirá reclamando justicia. Aunque el paso del tiempo podría calmar estas demandas, no las extinguirá, especialmente debido a la naturaleza polarizadora del conflicto entre Israel y Palestina y su impacto en el Sur Global, particularmente en los países árabes y de mayoría musulmana. 

Ante esta situación la CPI enfrenta una encrucijada que podría definir su futuro y su relevancia en el ámbito de la justicia global. Por un lado, si no logra aplicar la ley de manera equitativa, corre el riesgo de reforzar la narrativa de parcialidad que ha sido criticada durante años por el Sur Global y erosionar su capacidad para actuar.

Por otro lado, es la primera vez que desafía abiertamente los intereses estratégicos de los países occidentales que, históricamente, impulsaron su creación y han sido sus principales financiadores y defensores. Con las órdenes de arresto, la institución busca reafirmar su compromiso con la imparcialidad, actuando exclusivamente en función del derecho y los hechos presentados, sin dejarse influir por consideraciones políticas. Sin embargo, esta decisión coloca a la Corte en una posición delicada, ya que debe encontrar un equilibrio entre no alienar al Sur Global y preservar el apoyo de las potencias que hicieron posible su existencia. 

Repercusiones globales

La Corte Penal Internacional no es la única que enfrenta un dilema existencial; Occidente también atraviesa un momento crucial para definir su postura frente al sistema internacional basado en normas creado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En un panorama global marcado por tensiones geopolíticas y el uso cada vez más recurrente de la fuerza militar para imponer objetivos estratégicos y conquistar territorio, los países occidentales deben decidir si defenderán el orden internacional construido tras 1945 o si priorizarán intereses estratégicos específicos, aún a costa de socavar la integridad de las normas que han mantenido la paz durante 80 años.

La negativa de los Estados Occidentales a cumplir las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant emitidas por la misma institución que crearon para asegurar la persecución de los Crímenes de Lesa Humanidad tendría profundas consecuencias de cara al resto del planeta. Tal decisión erosionaría la legitimidad del derecho internacional y debilitaría el sistema normativo diseñado para promover la paz y la cooperación entre los 193 Estados Miembros de la ONU en un momento internacional delicado donde la globalización se está resintiendo y muchos países están decidiendo cerrarse al resto del planeta. 

En el contexto actual de creciente fragmentación, de resurgimiento de una carrera armamentística entre las grandes potencias y de conflictos activos en Ucrania, Sudán y Siria, Occidente, al no cumplir las Órdenes de Arresto, estaría deslegitimando su autoridad moral para guiar al mundo y evitar el retorno al caos de un planeta sin reglas sumido en la guerra y en la ley del más fuerte.

La supervivencia del sistema global de normas dependerá de la voluntad colectiva para proteger y reforzar las instituciones internacionales que aún actúan como barreras frente a la tiranía y el uso de la fuerza como herramienta de poder. La CPI, como símbolo del derecho internacional, está en una encrucijada histórica. Su destino no solo determinará su futuro, sino que marcará un precedente crucial para las próximas décadas en la lucha por preservar un orden mundial basado en el respeto a la ley y los principios fundamentales de la justicia.